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CONTENIDO EXCLUSIVO.Los policías voluntarios, que agredieron y mataron a numerosas personas en nombre del dictador Daniel Ortega desde 2018, ahora están siendo juramentados como un cuerpo que es parte de la Policía, pero no es de extrañarse que lo hagan ocultando su identidad como lo haría cualquier criminal, según la lectura de analistas. Sin embargo, ni la ley de la Policía ni la reforma constitucional en marcha establecen que deban cubrirse el rostro.
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El artículo 25 de la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (Ley 872), así como la Constitución Política reformada, indican que «los policías voluntarios deben de estar debidamente uniformados y con distintivos», y que únicamente realizan tareas de apoyo en labores de «prevención para vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito, desastres naturales, preservación de lugares donde se han cometido delitos y auxiliando víctimas». En ninguna parte se habla del ocultamiento del rostro.
Para el abogado exiliado Yader Morazán, el hecho de que usen pasamontañas es un reconocimiento de que están cometiendo crímenes por los cuales deben esconderse, porque «aunque gozaran de mecanismos legales que los autorice a cubrirse el rostro, las actividades para las que han sido creados han vulnerado derechos humanos, lo que constituye crímenes graves que podrían ser documentados y perseguidos en el futuro».
Aunque los policías voluntarios llevan años en la ley de la Policía, fue hasta 2018 que este término tomó relevancia cuando el dictador Daniel Ortega justificó el apoyo de civiles armados a las fuerzas policiales en los ataques contra las protestas civiles.
Ortega afirmó al medio de comunicación Internacional Euronews que los entonces llamados por la ciudadanía paramilitares o parapolicías eran policías voluntarios.
«Aquí tenemos lo que se llama policía voluntaria», dijo Ortega en la entrevista, en la que repitió hasta en tres ocasiones que los enmascarados son «policías voluntarios».
Más de 300 personas murieron en 2018 por la represión armada de la policía y paramilitares, según reportes de organismos internacionales de derechos humanos.
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El abogado Morazán dijo que «da igual que en el texto legal le llamen arcángeles, paramilitares, paraestatales, reservistas o policías voluntarios», porque no es el nombre que le asignen en la nueva Constitución Política lo que determinará la responsabilidad penal de los policías voluntarios, sino sus acciones delictivas».
«El régimen no solo no puede sostener la injustificable acción delictiva de los policías y menos su forma de hacer esto, ocultando su identidad, lo que no se sustenta por ningún lado», dijo Morazán.
Agentes encubiertos
Solo el artículo 2 de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (Ley 735) se refiere a los agentes encubiertos que ocultan su identidad oficial con pasamontaña, los cuales son definidos como funcionarios especializados de la Policía Nacional o del Ejército.
«El funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua que, con autorización del máximo órgano de la institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial (pasamontaña) y se introduce en las organizaciones delictivas simulando ser parte de ellas o estar interesado en la comisión del delito que se investigue, con el propósito de identificar a los autores o partícipes, las acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, sus planes de acción, los contactos, los medios y los resultados de la actividad delictiva, así como también la identificación de prueba que pueda ser aportada al proceso penal».
Morazán observó que tampoco los agentes encubiertos están autorizados a atacar de manera ofensiva, «sino que se cubren el rostro para realizar tareas de infiltración e inteligencia».
Mensaje de impunidad
El consultor independiente y especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, tiene una opinión diferente a la de Morazán. Orozco manifestó que usar capuchas no es tanto por ocultar la identidad de los paramilitares, porque en los barrios todo el mundo los conoce.
«La sociedad sabe quiénes son, aunque también las capuchas sirven para enviar un mensaje de impunidad, de que pueden actuar asesinando bajo la protección del régimen», expresó el experto.
Por otra parte, Orozco dijo que hay que considerar que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está lleno de símbolos a través de los cuales transmite mensajes subliminales.
«Los paramilitares encapuchados son un símbolo para transmitir terror y generar disuasión en los inconformes externos e internos, es decir, sus allegados. Usan el mismo simbolismo de grupos terroristas de Medio Oriente como Hezbolá», aseveró el experto.
Una fuente especializada que pidió no ser identificada coincidió con Orozco en que el propósito del pasamontañanas «es enviar un mensaje de intimidación y terror a toda la población, incluidos sus propios simpatizantes».
«Quieren reforzar la imagen de una policía represiva», precisó la fuente.
Orozco también cree que las capuchas sirven para ocultar la identidad de aquellos paramilitares que son ciudadanos extranjeros que operan en Nicaragua como agentes foráneos en apoyo al régimen, probablemente cubanos y venezolanos.
Reformas sobre la Policía y el Ejército ya están aprobadas
El martes 21 de enero, los diputados aprobaron el artículo sexto de la reforma a la Constitución Política nicaragüense, que enmienda seis artículos referidos a la «Defensa y Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana», que tiene que ver con las funciones del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional; cuerpos armados y subordinados a la dictadura.
Esta reforma incluye las funciones del Ministerio del Interior, institución del Estado «a la que corresponde implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, seguridad del Estado y el orden interno», señala el artículo 97.
A este artículo se le suman varios acápites, como el 97 bis que establece que tanto el Ministerio del Interior como la Policía «dependen de la autoridad ejercida por la Presidencia de la República, en su carácter de jefatura suprema, en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y subordinación. Son instituciones obedientes y no deliberantes».
Enseguida, en el artículo 97 se indica que «se crea Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria».
Durante el estallido de las protestas ciudadanas contra el régimen en 2018, que fueron brutalmente reprimidas no sólo por las fuerzas policiales sino por civiles que portaban armamento de uso exclusivo del Ejército, las operaciones de estos grupos conocidos popularmente como «paramilitares» quedaron documentadas en fotografías y videos.
